José María Nasarre Sarmiento,experto en derecho aplicado a la montaña, da su opinión sobre el polémico cobro de rescates y destaca la necesidad de una mayor prevención para evitar trágicos accidentes.
En los últimos meses ha resurgido el debate sobre el cobro de los rescates producidos como consecuencia de los accidentes de montaña. En Cataluña se aprobó la normativa que permitía el cobro de los rescates de excursionistas negligentes en el año 2005. Aunque se han enviado facturas a título informativo, nunca se ha cobrado. Es complicado determinar quién ha sido negligente. Desde hace varios años también está aprobada la tasa en Cantabria, y tampoco se ha cobrado. Está en discusión en la Comunidad Valenciana o en el Principado de Asturias. En Aragón, veíamos los toros desde la barrera pero por los medios de comunicación nos hemos enterado de que alguno de nuestros parlamentarios propone cobrar el rescate.
Para justificarlo es posible tomar como referencia las normativas que nunca se han aplicado, pero también se utilizan en ocasiones datos falsos, como que al otro lado del Pirineo se cobran los rescates. El rescate en la montaña es totalmente gratuito en Francia cuando lo hacen la gendarmería o el CRS. Seguramente en alguna ocasión han intervenido helicópteros privados por su propia iniciativa: alguien se dejó rescatar por un helicóptero que le llevó al hospital a cambio de usar su tarjeta visa.
Ante tanta confusión, se hace preciso aclarar ideas. El coste fundamental de un accidente no es el rescate, no es el helicóptero, sino la hospitalización, las operaciones, las bajas laborales, las pensiones de invalidez, la falta de productividad del accidentado mientras se cura. Imaginemos que un excursionista inexperto alcanza exhausto un lugar difícil, queda enriscado y agotado y pide auxilio. Llega el helicóptero y en pocos minutos lo deposita un poco más abajo, donde ya no tiene riesgo, para que vuelva andando a casa. Y todo se acaba ahí. Si el excursionista sabe que le van a cobrar el rescate porque ha sido negligente, intenta bajar por sus propios medios, cansado y nervioso, y tiene un accidente. Entonces, a los españoles no nos cuesta el viaje del helicóptero sino, además de ese viaje, ocho semanas de hospitalización, tres operaciones, varios meses de baja laboral, y en el peor de los casos hasta una pensión de invalidez y su falta de productividad durante toda la vida. Lo que hace falta es prevención.
Rescate en helicóptero en Asturias
¿Por qué motivo se piensa en el montañismo? Recientemente, subrayando que constituye un agravio comparativo, los clubes de montaña de mayor implantación en Cataluña han firmado un manifiesto contra el cobro de los rescates. Es cierto que hay más muertos en la montaña, pero se producen muchos más accidentes en pabellones deportivos. ¿Se cobrará el rescate del turista imprudente al ayuntamiento que ha promocionado en sus folletos una actividad sin mencionar el equipo técnico o las condiciones físicas necesarias? ¿O al comercio que negligentemente le vendió el material deportivo sin ningún comentario sobre su uso? ¿Se negará la prestación económica por incapacidad temporal a quienes se lesionan por jugar al fútbol el fin de semana con la negligencia a sus espaldas de no haber entrenado los días anteriores porque trabajaban? ¿Se cobrará la intervención de la Guardia Civil al conductor que conduce por la carretera un día de niebla? El sol sale para todos.
Supongamos ahora que quienes proponen el cobro no pretenden compensar el coste sino, como manifestó la Consejera de Presidencia del Principado de Asturias, establecer “una tasa con vocación educativa” que se cobrará “en los casos de imprudencia, negligencia y simulación de riesgo”. La pregunta nos la hacemos todos: ¿quién determina cuándo hay negligencia? En Cataluña llevan cuatro años pensando cómo se puede cobrar la tasa por la movilización de los servicios de emergencia en caso de negligencia: no hacer caso de carteles o señales, no atender a una preemergencia meteorológica, no llevar el equipo necesario para la actividad o no pedir autorizaciones que son preceptivas. Si la preocupación es escarmentar a los que toman el pelo a los rescatadores, no hay problema. Con los mecanismos legales actuales es posible acudir a la vía judicial para exigir los gastos totales de un operativo de rescate a ese excursionista que ha simulado el riesgo.
Terminamos. Si acuden visitantes a las montañas es porque se han dejado tentar por el reclamo turístico que ha utilizado la propia comunidad autónoma. No vamos a amenazar con tasas a estos visitantes sino que habrá que ofrecerles un servicio de calidad. Es una garantía que el rescate lo haga la Guardia Civil. Es un lujo que el servicio esté medicalizado. Y hay que invertir en información y en prevención. En Aragón se hace, aunque son necesarios nuevos pasos y a veces la eficacia es limitada. Podemos lograr la sensibilización de los aragoneses ante los riesgos de la montaña, pero es difícil conseguir que lleguen los mensajes a visitantes que proceden de Madrid, Valencia o Francia. Seguramente hace falta una campaña de televisión para todas las comunidades autónomas, como en los accidentes de tráfico.
Antes de aventurar una propuesta habrá que consultar a la Guardia Civil, a Protección Civil o a la Federación Aragonesa de Montañismo, que no proponen tasas, y, tendremos que plantearnos si queremos ofrecer la mayor calidad en el turismo de montaña.
Publicado en Heraldo de Aragón el 31 de diciembre de 2009
